“Se contabilizan 584 violaciones a los derechos humanos, siendo la más recurrente la vulneración de derecho a la integridad personal, la libertad de reunión, el derecho a la vida, la libertad de circulación, libertad personal, libertad de opinión, expresión y buscar información, debido proceso y garantías judiciales, derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, derechos reconocidos a defensores y presuntos hechos de desaparición”, apuntó el informe de Camargo.

De los casos, “se presume” que el 73% de estos,  los responsables son la Fuerza Pública, es decir, la Policía.  Los casos más graves son los de presunto homicidio. “45 son reportes provenientes del Valle del Cauca, todos hombres y tres servidores públicos”. En cuanto a las desapariciones, la Defensoría acogió el término “personas sin ubicar” y señaló que les llegó 783 reportes. “Tras un proceso de depuración efectuado sobre 317 reportes, se han entregado a la Mesa Interinstitucional de Coordinación 465 casos, a fin de solicitar la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente”.

Los métodos de la policía

Por otro lado, organizaciones sociales también entregaron el balance de la represión por parte de organismos del Estado contra la población. La Ong Temblores, el observatorio de DDHH de Indepaz y PAIIS, a través de la plataforma GRITA, dieron a conocer un informe donde sistematizaron los métodos más usuales con que la policía, particularmente la Esmad, amedrenta a la población. Los jóvenes, son sus principales víctimas.

Las actuaciones más recurrentes fueron sistematizadas en 9 categorías:

1.- La Desaparición forzada, 2.- Lesiones oculares; 3.- Agresiones sexuales, 4.- Requisitos ilegales a cambio de la libertad, 5.- Agentes sin identificación, 6.- Gases y aturdidoras dentro de viviendas, 7.- Disparos con el arma Venom, 8.- Armas para dispersar protestas, 9.- Armas de fuego contra manifestantes

El informe es largo y detallado. Llama particularmente la atención lo que dice relación a las lesiones oculares. Según las conclusiones del informe, “en Colombia no era común que se presentaran lesiones faciales, particularmente oculares… y aunque este tipo de lesiones se habían dado ocasionalmente en contextos similares…en estas protestas sociales parecieran dejar de ser casos aislados. Hoy, con cerca de 65 casos documentados, entre el 28 de abril y el 31 de mayo, no se puede hablar de hechos aislados o accidentales. “Se trata de una práctica que se hace con intención de producir un efecto determinado: no el de aniquilar, pero sí el de debilitar al que se considera un enemigo”, dice el documento.

También se refiere al uso de las armas para la represión. Es el caso del uso del arma Venom. “Antes del paro nacional no se conocía el arma Venom”. El arma es un lanzador múltiple de proyectiles con capacidad para 30 cartuchos, ubicado en la parte superior de las tanquetas de la Policía, que lanza a una mayor velocidad una gran cantidad de proyectiles.

Organismos de derechos humanos han sido explícitos en señalar que no es un arma que deba usarse en contextos de movilizaciones sociales y que, hasta hoy, no se tenían antecedentes de su uso en América Latina. “En las denuncias realizadas, que en su mayoría han sido en horas de la noche, se registra la sensación de terror y amedrentamiento que han tenido personas que habitan en las zonas donde se ha activado el arma Venom y sus proyectiles explotan en repetidas ocasiones muy cerca a sus ventanas y a sus techos, “no sólo exponiendo a los miembros de las familias a ser víctimas de violencia física, sino también generando graves afectaciones psicológicas debido a los estruendos y a la cercanía de los proyectiles disparados” señala el informe.

Sobre las detenciones ilegales y los requisitos para la libertad, la plataforma GRITA ha registrado al menos 1.649 retenciones arbitrarias y  “la utilización de infraestructuras no creadas para ser centros de retención, como coliseos deportivos, bodegas y estaciones de transporte público, para retener allí masivamente a personas que estaban protestando”. Se han documentado al menos dos de ellas que terminaron en muerte, previa tortura. Eso, de lo que ha sido denunciado.

También como método para amedrentar y provocar terror en la población, el informe denuncia el uso indiscriminado de gases y aturdidoras dentro de viviendas. Cuenta el caso de un anciano de 86 años, Evelio de Jesús Flórez, que murió en el municipio de La Virginia (Risaralada), por la inhalación de gases lacrimógenos durante la entrada de la Fuerza Pública a su barrio, la noche  del 4 de mayo de 2021. La munición de gas fue lanzada por miembros de la Esmad, cayó en el patio de su casa. Flórez murió asfixiado pese al intento de sus vecinos por ayudarlo.  

 “Este caso muestra cómo los lanzamientos indiscriminados de gases lacrimógenos y otros artefactos en barrios residenciales afectan de manera diferenciada a poblaciones vulnerables, como los adultos mayores, a quienes, estando resguardados en sus viviendas, les son vulnerados sus derechos a la salud y a la integridad física por parte de agentes del Estado”, afirma el documento.

Finalmente, los veedores de los Derechos Humanos que ingresaron a Colombia podrán dejar sentado, y por escrito el relato de la represión de estos casi 35 días de abril y mayo de 2021 en que el pueblo colombiano se ha levantado a luchar por un futuro mejor.

Quedará escrito ¡sí! Pero está en la memoria del pueblo cada brutalidad ejercida por sus enemigos de clase, no solo a la hora en que se levanta en combate, sino en la historia misma de su cotidiana lucha por sobrevivir.