El conteo de los resultados de la segunda vuelta presidencial peruana se convirtió, debido a la lentitud -y el orden- en que se procesan las actas, en un thriller político. En la noche del domingo, los primeros datos, con más de 40% de las actas escrutadas, daban una ventaja a Fujimori, de cuatro puntos porcentuales sobre Castillo. En la madrugada del lunes, esa diferencia, muy lentamente, se fue estrechando, conforme entraban más actas. Recién en la tarde, y cuando el universo de mesas contadas rondaba el 90%, Castillo tomó la delantera.
En la noche, con más del 96% de las actas escrutadas, la fórmula presidencial de Perú Libre ya tiene una ventaja de más de 95 mil votos sobre Fujimori. La diferencia es muy estrecha, considerando que ambos logran 8 millones y medio de votos; uno un poco más, la otra, un poco menos. Pero el margen ya es superior al que alcanzó Pedro Pablo Kusczinsky sobre la misma Keiko en 2016.
La diferencia que marca Castillo ya es virtualmente irremontable. Ha ganado, por un pelo, pero ha ganado. Sólo falta que se certifique.
Fujimori, sin embargo, lanzó una campaña política para cuestionar los resultados. Dijo que hay “indicios de fraude” y “una clara intención” de boicotear la voluntad popular. Algo de eso ya se había preparado durante el proceso de votación del domingo, cuando los operadores fujimoristas comprobaron la fuerza electoral de Perú Libre. En ese momento, la prensa, adicta totalmente a la derecha, destacó incidentes o denuncias aisladas de votos marcados en favor de Castillo. Silenció, como era de esperar, las evidencias de irregularidades similares atribuibles al fujimorismo.
En la noche del lunes, el relato del fraude se sustenta en la ilusión de que Fujimori aún puede revertir su desventaja. Se dice que aún falta por contar los votos de los residentes en el exterior y que Perú Libre ha impugnado sistemáticamente actas en los bastiones electorales de Keiko en Lima. Una vez que se sumen esos votos, Fujimori podría ganar.
El problema es que nada eso es verdad. Una gran parte de los votos pendientes son los del extranjero. Y éstos favorecen, se estima, ampliamente a Fujimori. Pero una parte ya ha sido contabilizada. Otra se incorporará al conteo con el correr de las horas y días, porque las actas deben ser trasladadas físicamente, en valija diplomática, a Perú. Lo que no consideran los fujimoristas es que el total de los votos emitidos en el exterior es un poco menos de 100 mil. Es decir, aunque en las actas pendientes el 100% hubiese sufragado por Fujimori, ésta ya no podrá superar a Castillo.
Lo otro son las actas impugnadas. Se habla de 1.200 actas, lo que podría significar más de 300 mil votos, si se considera que cada mesa registra entre 200 y 250 electores. Pero eso tampoco es verdad. Sólo 461 actas han sido impugnadas y… ¡por los dos partidos! Si se parte del supuesto, aventurado, de que las impugnaciones, en toda circunstancia, persiguen exclusivamente el afán de restar votos al adversario, sin que haya ningún fundamento legal o validez del reclamo, la cosa, a lo menos, estaría igualada. Para reforzar la campaña, en redes sociales, los bots fujimoristas difunden imágenes de actas, rellenadas a mano, que habrían sido impugnadas como “ilegibles” por los apoderados de Perú Libre. Las imágenes demostrarían la falsedad del reclamo, porque sí se puede leer sin problema los resultados que, por supuesto, favorecen a Fujimori.
Pero eso también es mentira, porque se trata de actas válidas y ya escrutadas. Usan una leyenda explicativa del organismo electoral que indica que, cuando en un casillero se consigna el símbolo “#”, eso significa que no se pudo leer el dato señalado. Esa advertencia acompaña todas las actas publicadas en el sitio web del ONPE.
Por lo demás, la simple verdad es que sólo 54 actas han sido observadas por ser ilegibles.
La teoría del fraude no se sostiene, pero eso no es lo importante. En Bolivia, en 2019, la oposición hizo acusaciones similarmente falsas, avaladas por la OEA, que blanquearon el camino para un golpe de Estado. Esa es la opción que prepara el fujimorismo.
Pero una cosa es emitir una amenaza, la otra, es poder cumplirla. Las fuerzas populares deben estar alertas y vigilantes ante los amagos reaccionarios. La incertidumbre del momento, es sólo una muestra del duro período de luchas que se abre en el Perú.