A través de un comunicado de prensa que salió desde la Conserjería presidencial para la Estabilización y el Comercio, el gobierno informó que el Comité del Paro habría suspendido las negociaciones de manera unilateral. Digamos que razones hay muchas, aunque la principal sería la actitud displicente del mandatario con los mínimos exigidos para sentarse a conversar: el cese de la brutal represión contra el pueblo colombiano.
Anoche, en la zona de “Paso del Comercio” donde se encontraba uno de los bloqueos más emblemáticos de Cali, dos jóvenes fueron acribillados por la policía. Más tarde, por la madrugada, paramilitares las emprendieron en distintas poblaciones de la ciudad, con metralla. En saldo, secuestros ilegales por partes de civiles y tres policías muertos. Uno de ellos fue lanzado al río Cauca.
Tanto así, que el Comité del Paro a través de sus redes sociales, convocó para este 9 de junio a una nueva movilización a la que ha llamado “La Toma de Bogotá”. Ese día, y el siguiente, tienen previsto reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según Fabio Arias, de la CUT, si bien hay una mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional, el Ejecutivo busca un “desgaste” de la movilización y la apuesta es supuestamente dilatar ese espacio de conversación. Con la Toma de Bogotá quieren enviar un mensaje al mandatario: no solo no agotarán al pueblo, sino involucrarán a más manifestantes.
Como era de esperar, Duque se dispara en los pies de tanto jugar con fuego. Falta solo un fósforo para volver a incendiar la pradera.
Se cubren las espaldas
Cubriéndose las espaldas, el Fiscal General echó andar el instructivo respecto de cómo actuará en relación a los delitos en que la policía está involucrada. Su instructivo podrá probarse en los recientes hechos. El asesinato, antenoche, de dos jóvenes en Cali en el sector de “Paso del Comercio” cuando la población volvió a recuperar el punto de bloqueo y por la actuación de siete policías que no actuaron cuando un empresario disparó, a su vista y paciencia, contra los manifestantes.
Sobre las muertes de los jóvenes, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, solicitará a la fiscalía una investigación inmediata. Sobre la actuación de las policías y su omisión en el caso del civil que disparó, la Justicia Penal Militar se constituyó en Cali. Señaló que “se allegó material probatorio y evidencia física que dio lugar a vincular a siete miembros de la Policía Nacional por el presunto delito de prevaricato por omisión”. Pero ya lo dijo el Fiscal General, los delitos de las policías serán juzgados por la justicia ordinaria, no militar. Decimos, llegó la hora de probar el instructivo.
Sobre uno de los civiles -paramilitares- involucrados en los hechos, una joya como muestra. Se llama Andrés Escobar y es empresario. «Me tildan de asesino, de genocida y una cantidad de barbaridades que no soy. No solo he recibido esas amenazas yo sino también mi familia (…) se ve mi cara en las fotos. Yo no soy ningún paramilitar, tengo la cara limpia, aporto a la sociedad con empleo, hago labor social, pago impuestos». Solo quería «defender la propiedad privada de mi Comuna 22 es normal para cualquier ser humano».
Sí señor, así actúan estos señoritos. Tenemos certeza de que no se demorará el pueblo en enseñarle “al señorito” lo que es defender “lo propio”.