El acuerdo alcanzado en la cumbre del Grupo de los 7, realizada en Londres, sólo se conoce en sus principios generales. Los ministros concordaron imponer un impuesto mínimo de 15% sobre las ganancias de empresas multinacionales, independientemente del país en que hayan fijado su domicilio legal. De ese modo, si una nación cobra un impuesto inferior -por ejemplo, sólo 10%- a esa tasa, la diferencia -5%- deberá ser pagada al país de origen de la compañía.
Muchos verán el anuncio como un paso positivo. Algunos lo asemejarán al llamado “impuesto Tobin”, la idea de gravar las transacciones financieras internacionales para frenar la especulación. Otros creerán que tiene algo que ver el impuesto a los superricos propuesto por el economista francés Thomas Piketty que, para funcionar, debería implementarse a escala mundial.
Pero, en realidad, se trata de algo distinto. El esquema había sido impulsado por Estados Unidos. Sus conglomerados más importantes, en valoración bursátil, como Google (Alphabet), Amazon o Facebook, pagan la mayor parte de sus impuestos a las ganancias en subsidiarias domiciliadas en paraísos fiscales, como Irlanda que impone una tasa de sólo 12,5%.
La presión de Washington coincide con el plan de la administración Biden de aumentar la tasa de impuestos a las ganancias en su país de 21% a 28%, para financiar los grandes proyectos de infraestructura y para reducir el déficit fiscal.
La principal resistencia a la propuesta viene de los países miembros de la Unión Europea, Francia, Alemania e Italia, y del Reino Unido. En parte, porque ellos dominan sus “propios” paraísos fiscales, como la mencionada Irlanda u Holanda, además de los mini estados o territorios que se dedican casi exclusivamente al negocio financiero tributario, como Luxemburgo, Liechtenstein o, en el caso de Gran Bretaña, las pequeñas islas del canal o las colonias y semicolonias caribeñas, como las Islas Caimán.
Pero Estados Unidos también tiene sus paraísos, como las Islas Vírgenes o, incluso, en su propio territorio continental, el estado de Delaware, el cual fue representado y defendido durante 40 años en el Senado por el actual presidente Joe Biden.
Nadie se plantea que eso cambie realmente. Desde los años ’60, la propia agencia tributaria de Estados Unidos, el IRS, permite, con apenas una cruz en un casillero del formulario de la declaración del impuesto a la renta, que empresas grandes o pequeñas pueden desviar parte de sus utilidades a subsidiarias en otros países.
Como se ve, lo que está en juego no es realmente ese tipo de evasión o elusión de impuestos. El motivo tiene que ver con el choque de intereses entre los grandes bloques económicos que se están formado en medio de la crisis general del capital. Desde hace dos años, la Unión Europea amenaza con un “impuesto digital”, que gravaría las ventas de empresas como Google, Facebook, Amazon, Apple, etc., todas estadounidenses. El anuncio fue respondido con una declaración de guerra (comercial) por el entonces presidente Trump. Fiel a su estilo, castigó inmediatamente, las importaciones del queso y vino franceses.
Entre las transacciones de alta tecnología de los grandes monopolistas digitales, como Amazon, -que controla, además de su negocio de ventas on-line, casi la mitad del uso de servidores y de capacidad de procesamiento de la internet mundial- y el queso camembert hay una brecha. Pero para el capital, las dos cosas son lo mismo: mercancías.
Y es el dominio mundial de la producción de esas mercancías el que está hoy en juego. Ese es el contenido de la crisis mundial. Las grandes potencias imperialistas y, otras que les siguen, como China, crecientemente han buscado superar esa crisis mediante la conformación de bloques regionales. Esos bloques entran en un choque directo por los mercados mundiales.
El impuesto global mínimo, por ahora, es sólo la apertura inicial de las negociaciones y de una hipotética alianza de Estados Unidos y la UE en contra de China. Pero esconde un conflicto fundamental: Estados Unidos quiere compensar el pretendido aumento de impuestos a sus multinacionales con un alza tributaria para las compañías europeas y de otros países. Y, además, quiere frenar el famoso impuesto digital que afectaría a sus empresas.
Esto es sólo el comienzo. La guerra económica entre los bloques ya está desatada. A los países dependientes les tocará la peor parte. Mientras las grandes potencias buscan incrementar el poder del Estado capitalista, en nuestra región, esa misma tendencia se manifestará en brutales ajustes en contra de toda la población. Eso no se podrá frenar con alzas de impuestos, sino con la acción decidida de los trabajadores.