El documento firmado por el Fiscal General, Francisco Barbosa, hace especial mención sobre la persecución a los jóvenes, sobre la violencia sexual, sobre el rol de la justicia militar y sobre aquellos actos que están permitidos en la protesta pacífica.
Los jóvenes adolescentes deben ser sujetos de investigación y proceso judicial con las normativas dispuestas para ellos, y no los de la justicia para adultos. La violencia sexual tendrá prioridad en su investigación y judicialización en la medida que podría ser utilizada como herramienta de represión política en el marco de la protesta social.
La justicia penal militar no aplicará en los casos en los que los policías cometan delitos contra las personas. Esos casos serán vistos por la justicia ordinaria. El fiscal recordó los lineamientos de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. «Los delitos “en acto de servicio» se desbordan cuando la conducta cometida es de una gravedad inusitada que vincula, incluso, crímenes de lesa humanidad o contrarios a la dignidad humana”
La Fiscalía dejó muy claro que cuatro actuaciones son propias de la protesta pacífica: “la presencia y la concentración pacífica en algunos puntos públicos; las acciones de mínima lesividad; las expresiones verbales; y la quema de banderas (no declarado delito por parte de la Corte Constitucional). Situaciones contrarias a las mencionadas son consideradas actos de violencia”
Por último, enfatizó que el ente “ tiene el deber de investigar los diferentes hechos que constituyan conductas punibles cometidas en el marco o con ocasión de la protesta social, con observancia del principio de debida diligencia y celeridad …y añade que los comportamientos delictivos que se presenten en el marco de la protesta social, incluidos los actos de violencia ejercidos en la misma, deben ser investigados en contexto y no como casos aislados”.