Fue un giro inesperado. En un acuerdo firmado por la mayoría de los partidos de oposición, en Israel se podría formar un gobierno que va desde la ultraderecha racista hasta un partido islamista. La coalición dejaría fuera del poder a Binyamin Netanyahu, quien, así, podría tener que enfrentarse a la justicia por las acusaciones de corrupción en su contra.
Los ataques contra Gaza se iniciaron en el peor momento de la crisis del gobierno en Israel. Luego de haber forzado la cuarta elección en dos años, Binyamin Netanyahu no lograba los votos en el parlamento para continuar como primer ministro. Entonces, lanzó la ofensiva en contra de los palestinos. Primero, dentro del territorio israelí y en la Jerusalén ocupada, con agresiones de grupos racistas y de colonos ultraderechistas contra comercios y casas palestinas. Después, con el bombardeo a Gaza.
La carta militar, la instigación al miedo de la población judía por los cohetes lanzados por Hamas y otras organizaciones, y la incitación a la persecución de los palestinos dentro del Estado de Israel, pareció inicialmente rendir frutos. Todas las fuerzas políticas opositoras se sumaron y justificaron la orgía de violencia. La “unidad nacional”, establecida por la guerra unilateral, parecía haber devuelto la iniciativa a Netanyahu.
Pero ahora, 12 días después de la masacre, se lleva una sorpresa. La mayoría de los partidos de oposición acordaron formar un gobierno. El cargo de primer ministro será rotativo: dos años para el ultraderechista Naftali Bennett, y la segunda mitad para el centrista Yair Lapid.
Lo llamativo es lo incompatible de la coalición, que va desde Meretz, de la izquierda judía, hasta Yisrael Beiteinu, de tendencia fascista, pasando por el partido que representa los intereses de los colonos judíos en los territorios palestinos, agrupaciones religiosas, otras formaciones de derecha, previamente aliadas a Netanyahu, y el antiguo Partido Laborista. Pero la guinda de la torta, y la que permitió configurar una estrecha mayoría, son los islamistas de la Lista Árabe Unida, que ha asumido una posición colaboracionista con el Estado de Israel.
La propuesta debe ahora votarse en el parlamento. Aún es posible que fracase, si Likud, el partido de Netanyahu, logra presionar a diputados individuales a que voten por él. Si la fórmula tiene éxito, en cambio, se abre el camino para que el jefe de gobierno sea enjuiciado por las numerosas acusaciones de corrupción que pesan en su contra.
Nada, sin embargo, hace presagiar un cambio, aunque sea mínimo, en la política de opresión al pueblo palestino.
