Cada 21 de mayo, el presidente de la República dará cuenta, ante el Congreso pleno, de la situación administrativa y política del país. Así lo establece la Constitución. La fecha la cambiaron, porque no querían que se realizaran manifestaciones en las calles y la Armada sentía que le quitaba lustre a las Glorias Navales. La idea era que fuera una sesión nocturna transmitida por televisión en la hora de mayor audiencia, como se hace en Estados Unidos, pero, en esta ocasión, lo dejaron para la tarde, en una pequeña humillación para el gobernante.
Piñera fracasó este martes, también, en esa tarea, la más básica. Simplemente, no es capaz de describir el “estado político y administrativo” del país. Lo que sí puede hacer es describir su propio estado personal: amenazado y a la defensiva. Así, nos pudimos enterar nuevamente que él, en realidad, no es de derecha, sino que ha sido siempre un concertacionista. Cantó las loas a Aylwin, Frei Ruiz-Tagle, Lagos y Bachelet.
Y sorprendió a sus antiguos aliados de la UDI y RN con una maldad política: anunció que le pondrá urgencia a un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que había sido presentado por Bachelet, también, al final de su gobierno, como un mero gesto. En el caso de Piñera es más bien una gesticulación: “¡miren, miren, lo que hice!”
¿A quién le está hablando? No al Congreso, no a los partidos políticos de derecha o de oposición, y ciertamente no a la ciudadanía. Este es para los jueces.
El discurso de Piñera, en las partes importantes, no fue escrito ni por él ni por sus secretarios, sino por su equipo de abogados. Se notó en el estilo. En varios pasajes cambió los adjetivos baratos y frases vacías por formulaciones elaboradas con bisturí.
Según Piñera, hubo un “estallido social” que se dirigió en contra de los abusos y las desigualdades y, de manera separada, “una violencia irracional”, que se enfrentó, asegura, “con total apego a los derechos humanos”. También insiste en que el estado de excepción no significó ninguna alteración del orden institucional, porque los otros poderes y órganos, justicia, Congreso, la fiscalía, etc., siguieron funcionando. Tiene razón, todos los componentes del régimen político siguieron haciendo de las suyas. El estado de excepción impuesto sólo buscaba golpear al pueblo y contener con el factor militar a quienes, dentro del régimen, amenazaran destituirlo. Cuando las Fuerzas Armadas, los partidos, los otros poderes del Estado demostraron que no querían ni podían cumplir esa amenaza, el estado de excepción se levantó.
Piñera también declara que impuso cambios a los protocolos y procedimientos de la represión, y que sí hubo actos en que éstos se transgredieron. Esos casos, dice Piñera, los ve la justicia, “como corresponde a un estado de derecho”. Sin explicar la contradicción, agregó que el Ministerio Público establecerá una fiscalía especial de Derechos Humanos; cuyo único sentido racional podría ser llevar a la justicia los crímenes que los tribunales no están enjuiciando “como corresponde en un estado de derecho”.
Piñera invocó la cobertura que ya le han dado diversos organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o Human Rights Watch y juró que en Chile “no hay presos políticos”, porque nadie está encarcelado “por lo que piensa”. Eso es verdad, en la medida en que todo Chile “piensa” que él es un criminal y, en efecto, no está preso todo el país. Alguien, quizás sus abogados, podría explicarle la diferencia entre los presos de conciencia, es decir aquellos que son perseguidos en razón de seguir determinadas creencias religiosas o filosóficas proscritas o discriminadas, y presos políticos. Porque presos políticos son aquellos que cometieron delitos políticos, que actuaron por motivaciones políticas o que son perseguidos por razones políticas.
Y sí, Piñera, la represión a los “vándalos”, “delincuentes”, “alienígenas”, “encapuchados”, “terroristas”, etc., que usted azuza, son motivos políticos: sus motivos, señor presidente. Las leyes represivas especiales que usted promovió y que recibieron el apoyo transversal en el Congreso, desde la UDI hasta el Frente Amplio, son motivos políticos.
Los abogados también metieron mano en los párrafos de la pandemia. Aquí también Piñera sabe que tiene que protegerse.
Pero como adelanto de su defensa, vale. Sin embargo, en un juicio, a diferencia de la sesión en el Congreso también habla la acusación, se escuchan a los testigos y se evalúa la evidencia. Y bajo esos parámetros, Piñera va a tener que hacerse a la idea de que, en vez de una banda, tendrá que ponerse una pechera amarilla, con la inscripción “reo”.