Dirán que es un caso aislado, como si todos los casos de vulneración de los derechos humanos no fueran hechos aislados, pero con un factor común, que lo mandos que dirigen dejan al arbitrio de los subalternos lo que deben hacer. De esta manera, la clase social es un elemento que impera cuando ven al pueblo protestando, al mapuche o a una joven, en ese momento todos son enemigos. El hecho ocurrido en Colipulli, y en muchos lugares de Chile, ejemplifica esto.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la prisión preventiva del teniente del ejército Javier Alejandro Santander Castellón, a quien se le imputa ser el autor del delito consumado de tortura. Este oficial iba a cargo de la patrulla que detuvo a personas en el sector Los Pinos en Collipulli.
El hecho ocurrió en octubre del 2020, cuando personas del sector se movilizaban en dos vehículos durante el toque de queda. Los obligaron a bajar de los autos, apuntándolos con sus fusiles y amarrándolos. No contentos con ello, le rompieron los vidrios y pincharon los neumáticos. Les pegaron e insultaron por ser mapuches. Posteriormente, los llevaron a un predio forestal y les tiraron bencina y simularon un fusilamiento. Para finalizar, le robaron sus teléfonos y los dejaron botados en el lugar. Todo esto lo hacían bajo el mando del teniente Javier Santander.
Dentro del grupo de milicos, según los testigos, uno de ellos dijo, “yo no vine acá a hacer estas webadas, soy de Santiago”. Esto claramente quiere decir que el que estaba a cargo sabía lo que estaba haciendo y lo hacía siendo responsable de sus actos. Generalmente, estos oficiales subalternos no hacen nada sin que haya otros oficiales superiores que avalen su conducta y que le den impunidad cuando actúan. Amparados en ese apoyo obran violentamente contra las personas.