El levantamiento nacional iniciado el 18 de octubre de 2019 desató una ola de represión que persiste hasta el día de hoy. Fuerzas Armadas y Carabineros destinaron sus medios a actuar en contra de la población. Para ello, recurrieron a la violencia indiscriminada, al asesinato, a las torturas, a los abusos sexuales, a las detenciones ilegales.
La justicia sólo ha visto a una pequeña fracción de esos crímenes. La fiscalía, que debería investigarlos, mantiene las denuncias guardadas en el cajón, a la espera de que venzan los plazos para archivarlas definitivamente.
En paralelo, esos mismos órganos represores, la fiscalía y la justicia se han puesto a la tarea de castigar a quienes participaron de las movilizaciones. Sin evidencia alguna o sólo con aquella aportada por la propia policía criminal, se han dictado órdenes de prisión preventiva en contra de miles de personas. Ellas han debido permanecer encarceladas, sin juicio, sin razones válidas, a la espera de que la “investigación” oficial formule una acusación. En los pocos casos que eso ha ocurrido, las penas que se piden son, invariablemente, las más altas.
La evidencia aportada, más que para condenar, sirve para encubrir las actuaciones ilegales de la policía, como el empleo de agentes provocadores o, sencillamente, testimonios inconsistentes o manifiestamente falsos brindados por funcionarios del Estado.
Adicionalmente, se pretende invocar la legislación represiva aprobada en medio de la rebelión popular, que contempla penas desmedidas y explícitamente dirigidas en contra de las movilizaciones. Como es sabido, esas leyes fueron tramitadas con la anuencia de varios políticos que hoy quieren profitar de la lucha del movimiento popular, como Gabriel Boric y otros del Frente Amplio.
La violencia durante las movilizaciones obedece a la necesidad de defender los derechos del pueblo en contra de un Estado violento y criminal. Es legítima. Hay hechos que a alguna gente les parecen repudiables o excesivos. Pero la persecución del Estado no se dirige en contra de esos casos. Eso no es casualidad. La acción de las autoridades no puede sino ser indiscriminada y arbitraria. Un levantamiento popular no es una serie de acciones, algunas “pacíficas”, otras “violentas”, algunas “legales”, otras “ilegales”, algunas “aceptables”, otras “equivocadas”. Un levantamiento popular no es un acto criminal, es un hecho histórico y político. No son los jueces, ni abogados, ni policías, ni congresistas, los llamados a evaluar la decisión de un pueblo de lanzarse a la lucha.
De hecho, la cárcel, las imputaciones penales, los juicios, las penas y los castigos, que enfrentan innumerables chilenos son parte de la represión del Estado en contra de su propia población; son parte de las violaciones a los Derechos Humanos cometidos por los representantes de ese Estado.
Hay un proyecto de indulto general que actualmente se tramita en el Senado. Los defensores del gobierno pretenden denostar a los presos de la revuelta, llamándolos asesinos y saqueadores.
Pero quienes realizan las detenciones, quienes maltratan y torturan, quienes fabrican pruebas falsas, quienes mienten bajo promesa de decir verdad, son ellos, justamente, asesinos y saqueadores.
Hay algunos juristas que objetan que lo que se ve en Congreso no sería un indulto general, sino “una amnistía”.
Pero pueden llamarlo como quieran: lo que importa es la norma. Y, de hecho, esta norma debería llamarse “ley de liberación y vindicación de los chilenos perseguidos por luchar”.
Organismos de derechos humanos internacionales serviles al régimen ahora declaran que en Chile “no hay presos políticos”.
Pero los presos sí son políticos. Las causas por las que se movilizaron son políticas, el modo en que son perseguidos y encarcelados es político, y la motivación de los órganos represivos es político.
Y política es también la lucha por su liberación, que es parte de la gran gesta del pueblo chileno. Los partidos del régimen quisieran usar esta causa para sus fines. Entrarán en contubernios y cocinas, para ofrecer concesiones parciales como una obra benéfica.
Pero no está el tiempo para esos juegos. La libertad de nuestros compatriotas se logrará, como todo, mediante la lucha. Para que se den por notificados los carceleros y sus cómplices.