Las circunstancias de la muerte del sargento Francisco Benavides en la localidad de Curaco, el pasado martes, siguen envueltas en versiones contradictorias, aportadas por la propia policía. Mientras Carabineros dijo que una patrulla que circulaba en un carro blindado había sido objeto de una emboscada con “armamento pesado”, el fiscal que investiga los hechos ahora sostiene que dispararon con pistolas de calibre 9 milímetros y una escopeta en contra del vehículo diseñado para operaciones militares. Es decir, no muy pesado.

Los tres detenidos que las autoridades presentaron ese mismo día como “involucrados” en los hechos, habían sido comuneros mapuche capturados como represalia en otro lugar: la justicia los dejó en libertad, pese a los intentos de Carabineros y de la fiscalía de vincularlos a la muerte del sargento perteneciente al antiguo “Comando Jungla”.

Los funerales, realizados en la localidad de Quillón, fueron escenificados como un acto de Estado. Sin embargo, el jefe del mismo, Sebastián Piñera, fue expulsado del lugar por los propios familiares del policía fallecido.

El general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez, develó el verdadero propósito de la ceremonia: no tanto buscar justicia verdadera para su mártir, sino impunidad para los asesinos uniformados. “Necesitamos”, dijo Yáñez, “un respaldo jurídico mayor, que haya un ordenamiento jurídico con normas que permitan que, cuando actúan carabineros, después de que usen sus armas, no pasen a un control de detención, sea imputado por el delito de homicidio.”

Sobre el cadáver de su subordinado muerto, los altos mandos quieren que la impunidad, que ya les otorgan los jueces, se convierta en una licencia legal para matar.

¡No quieren nada, estos sinvergüenzas!