Hoy los medios colombianos abundan en la seguidilla de acciones de terror – exacerbado al paso de los días y del sostenido paro- ejercido por el Estado contra el pueblo colombiano. A la par, avanza una moción de censura contra el Ministro de Defensa, Daniel Molano; Duque le da un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ingresar a “verificar” las denuncias contra las policías; Washington llama a dar respuesta sobre las desapariciones y misiones médicas y de derechos humanos acusan hostigamientos y allanamientos en su contra. La represión está desatada.

Pero, aunque la represión se agudiza en Colombia, el pueblo no está solo,  está unido en su lucha, aunque le ha costado desapariciones, torturas, violencia sexual, daños oculares, heridos y muertos.  Sin embargo, el pueblo colombiano sabe del terror. Lo sufrió durante décadas de parte de los paramilitares y de los escuadrones antisubversivos de la Esmad.  

Este lunes comenzó en el Congreso un debate de moción de censura contra el Ministro de Defensa, Diego Molano. Se lo considera responsable político del “tratamiento de guerra que (se) le ha dado a la movilización social” en el marco del paro nacional. Hablaron víctimas de la represión, diputados y Molano se defendió. Aun quedan diligencias para saber si el juicio político prosperará.

Por otra parte, en una gira por Estados Unidos, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez señaló públicamente que el gobierno colombiano aún no está listo para recibir al a Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDCH solicitó el ingreso para verificar las denuncias de violaciones a los DDHH el pasado 14 de mayo.

La declaración de la ministra fue emitida luego de su encuentro con Luis Almagro, secretario general de la OEA (¡…que es tan fea! -la OEA, no hablamos de la señora esa).  Ramírez señaló que “tenemos la solicitud de la CIDH y del propio secretario Almagro. Hemos dicho que todas las visitas son bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control -Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría- terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”. Así las cosas, la CIDH tendrá que esperar sentada.

En el marco de esta visita, la portavoz de la Casablanca,  Jen Psaki, solicitó a la canciller que tenga a bien apurar las investigaciones sobre desapariciones en el contexto de este paro nacional. “Agradecemos los anuncios del gobierno colombiano para investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía… alentamos a las autoridades a que sigan trabajando para localizar a todas las personas desaparecidas lo antes posible. Ciertamente alentamos esas acciones” señaló.

A la fecha, las organizaciones de derechos humanos han documentado 168 desapariciones. Esas, son cifras oficiales en base a denuncias realizadas.

Allanamientos a defensores de derechos humanos y hostigamientos a misiones médicas

Por otra parte, hoy se denunciaron ocho allanamientos a miembros de organizaciones de defensa de derechos humanos ocurridos esta madrugada de lunes. Además, el Observatorio Comunitario de Derechos Humanos, Pedro Vaca, aseguró que esto mismo sucedió en Popayán en días anteriores.

Se denunció también que, en el Valle de Cauca, durante el paro se han realizado 123 ataques contra la misión médica establecida en el territorio. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle denunció también que, de los 123 hechos, 49 han sido contra las ambulancias. Lesmes señaló que cada día aumentan los reportes de detenciones y ataques al personal médico “donde los obligan a mostrar sus celulares, abrir los vehículos y dificultan la llegada a tiempo a sus turnos de trabajo”.

La crítica situación en Colombia contrasta con la evaluación más general sobre la mesa de negociación entre el gobierno y el Comité Nacional  del Paro. Dicen que “si bien se han llegado a puntos de encuentro en la discusión de las garantías para el ejercicio de la protesta, el Gobierno sigue sin tomar medidas efectivas para hacerle frente a los hechos de violencia y abuso de la Fuerza Pública y que hay “maniobras de dilación y desgaste” por parte del Ejecutivo.