Hoy, la población de la localidad de Popayán, al sur de Cali, en el oeste de Colombia, atacó la Unidad de Reacción Inmediata (un cuartel de la policía). Esto, luego del suicidio de una muchacha de 17 años. La noche del miércoles la joven fue interceptada -y agredida sexualmente- por un grupo de cuatro policías mientras se dirigía a la casa de un amigo.
Hoy, la unidad policial ardió.
Esto hecho no es aislado. Alrededor del país, se siguen denunciando y documentando los casos de abuso policial contra el pueblo que se manifiesta. Hoy, organizaciones de derechos humanos de la campaña “Defender la Libertad” denunciaron ataques contra brigadas médicas, casos de abuso sexual y robos por parte de miembros de la Policía. Eso, mientras el pueblo no deja, terco, la calle.
Hoy sucedió también que el Comité Nacional de Paro y el gobierno de Iván Duque se pusieron finalmente de acuerdo para comenzar a negociar «un cese al fuego». Según el Comité ya se estaría dando la condición primera para que esto suceda, la voluntad de parar la represión a la manifestación popular.
“Creemos que el primer punto de esa nueva reunión debe ser (para hablar sobre) las garantías necesarias para ejercer la protesta social en Colombia. Que cesen las masacres, que cese la estigmatización y, por supuesto, que haya las investigaciones necesarias sobre el abuso de la fuerza, guardando siempre el debido proceso que contempla la Constitución”.
La repuesta del gobierno fue veloz. Señalaron que «valoran la posición adoptada». Se apuraron también en agradecer el aporte que ha hecho al proceso la Conferencia Episcopal y Naciones Unidas.
Al parecer la muchacha no es de Popayán y las cifras de abusos policiales no son de Colombia. O más bien, tal vez…tal vez este acuerdo para negociar ahora que no hay policías reprimiendo al pueblo sucede en «El País de Jauja» porque lo que es en Colombia, el pueblo en las calles sigue en pie sin tregua, dando cara a la represión y a la muerte.