Esta semana se conoció la condena de cárcel de tres jóvenes que intervenían en una de las tantas protestas durante el levantamiento popular.

Lo interesante del juicio es que las pruebas que se esgrimieron no daban cuenta de los hechos que se les querían incriminar. Y los jueces, como lo hacen cuando protegen intereses políticos, vulneran los derechos de las personas y se asocian a quienes dan testimonios cuestionables e incluso operan en la ilegalidad.

No importa que los “agentes del Estado” hayan actuado de manera coludida, de civil, incentivando crímenes, deteniendo ilegalmente y que, sin ninguna orden judicial, efectuaran seguimientos, e incluso operaran como elementos paramilitares, alejados de la ley. Todo esto no importa, cuando la política manda a castigar a los manifestantes contra el gobierno y su orden establecido.

Las pruebas por presencia de hidrocarburos fue negativa. Sólo este hecho exculparía a los condenados. No hay imágenes de cámaras, desaparecieron. Incluso, los testigos son los mismos funcionarios policiales que realizaron los seguimientos ilegales “intra marchas” y uno de ellos, David Gaete, el principal testigo, fue partícipe en el caso Huracán, en el que inventaron pruebas para detener a mapuches.

Claramente, estamos ante un caso, como muchos otros, de jóvenes juzgados políticamente. Se está repitiendo la misma manera de actuar y fallar, usada en la dictadura civil-militar contra los opositores al régimen. En aquel entonces y hoy, a estos presos se los conoce como presos políticos.