No, no hay caso. La movilización del pueblo colombiano no para. Hoy nuevamente las calles se convirtieron en marea humana. Lo que comenzó el 28 de abril como una gran protesta contra la reforma tributaria del derechista Iván Duque, se ha transformado en la exigencia de un pueblo para abordar un largo listado de pendientes: el retiro del proyecto de reforma a la salud, la desmilitarización de los campos y las ciudades, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Eso, para empezar.
Y para empezar a empezar, los movilizados exigen además se retire de las calles al Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- responsable de la brutal represión hacia la población civil que se ha saldado con 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos y torturados.
El alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció hoy que el Gobierno de Duque habría invitado al Comité Nacional del Paro, a «analizar los temas esenciales del país». Al parecer Duque no tiene apuro. La cita está convocada recién para el 10 de mayo. Le han respondido, tal como reza una de las demandas centrales de la convocatoria de hoy, «»Desmilitarización y basta de masacres». Si no se retira a los Esmad de las calles, no hay encuentro.
El Comité Nacional del Paro está compuesta por numerosas organizaciones convocantes. Entre otras, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Confederación Nacional del Trabajo (CGT), Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), Cruzada Camionera, Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC).
Y a pesar de los vanos esfuerzos por convocar al diálogo y la moderación, de la renuncia del Ministro de Hacienda, de las quejas de Amnistía Internacional, La Unión Europea, Estados Unidos y Shakira, las manifestaciones recrudecen en masa y tono. Hoy, manifestantes congregados en la Plaza Bolívar, Bogotá, derribaron las vallas de seguridad que protegen el Congreso. El Parlamento tuvo que ser evacuado y la sesión legislativa, interrumpida.
A la par de la crudeza de los enfrentamientos, Duque salió a denunciar que «detrás de las legítimas demandas sociales» estaría actuando la «mafia del narcotráfico» quien sería la responsable del «vandalismo extremo y el terrorismo urbano», y anunció una recompensa» de 10 millones de pesos (unos 2.609 dólares) para quien colabore con la identificación de los «dinamizadores de la violencia».
«La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública», señaló Duque en un video difundido por las redes sociales.
¡Curioso, por decir lo menos! Teníamos entendido que política y narcotráfico en Colombia eran una misma cosa. Y así parece ser por la pequeñita recompensa que ofrece el gobierno por información sobre estos «dinamizadores de la violencia».
Sí, ¡nos suena tan conocido!