Tras ocho días de movilizaciones, cayó la reforma tributaria del derechista Iván Duque, pero el pueblo colombiano se niega a dejar la calle. Tanto se niega que crecen los que se suman a la protesta y crece la crueldad del enfrentamiento desigual.
Según antecedentes entregados por la red de organizaciones de derechos humanos «Campaña Defender la Libertad, un Asunto de Todas» que hace seguimiento de las violaciones los derechos fundamentales en las protestas sociales, las fuerzas represivas han causado. desde que comenzaron las protestas, el 28 de abril, 18 muertos, 305 heridos, 23 de ellos con lesiones oculares, 47 defensores de los derechos humanos agredidos, 11 víctimas de violencias de género y casi 1.000 detenidos, gran parte de ellos «por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a tortura y/o tratos crueles». Y aún así, Colombia no para el paro.
Las autoridades colombianas guardan silencio sobre lo que está sucediendo en las calles. Tanto así que aun no hay cifras oficiales y apenas algunas entidades se arriesgan con datos. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, sostuvo que hasta el 3 de mayo, además de los muertos, hay 87 personas desaparecidas. «La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no sólo no están suministrando información, sino que parecen estar ocultándola», advierten.
El guion que sigue, lo conocemos.
Narra la prensa internacional. «Desde el miércoles 28 de abril las redes sociales están inundadas de fuertes imágenes de violencia. Un joven camina por el andén de una calle en Floridablanca, Santander. Está oscuro, y aparece una caravana de policías en moto, el último se acerca al muchacho y sin detenerse le propina un disparo. El joven cae herido y se retuerce. Agoniza. Los policías siguen su marcha sin mirar atrás.»
Duque dice que los manifestantes son vándalos. El gobernante justifica los crímenes de civiles como fruto de infiltraciones terroristas y de bandas delincuenciales
Duque defiende la actuación de la fuerza pública. «Los hombres y mujeres que portan los uniformes de las Fuerzas Armadas y de Policía encarnan nuestros valores democráticos. Por ello, la ciudadanía debe reconocer su valor, ser su aliada», declaró.
Los partidos políticos alardean desde el parlamento. Apenas se animan con una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano.
Duque pide un «diálogo nacional«. «Instalaremos un espacio para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones. [Aquí] no deben mediar diferencias ideológicas, sino un profundo patriotismo. Es vital contar con todas las instituciones, los partidos, el sector privado, los gobernadores, los alcaldes, y los líderes de la sociedad civil” llama.
A lo lejos, se pronuncian los organismos internacionales: la Unión Europea, la ONU, Amnistía Internacional. Todos solicitan frenar la violencia y evitar los abusos de autoridad. Washington también se pronunció. Pidió «moderación» a las fuerzas militares.
Siguen las amenazas. La ultraderecha uribista presiona a Duque para que declare estado de excepción. El comandante de ejército, el general Zapateiro, elogió a los efectivos del odiado ESMAD, el grupo policial que dirige la represión, como «héroes de negro» y agregó: «estamos haciendo las cosas bien (…) aquí estamos ofrendando nuestra vida por salvar la democracia que muchos quieren destruir”.
Sí, ¡nos resulta conocido!
Pero en las calles colombianas son millones y se niegan a parar.