En distintos puntos de la capital pobladores de La Bandera, La Pincoya, El Barrero y José María Caro agrupados en el “Movimiento Solidario Vida Digna” cortaron calles para protestar por la inoperancia del Ministerio de Vivienda para resolver el alto déficit de viviendas sociales en el país, la cada vez mayor cantidad de allegados; la especulación en los precios de terrenos para la construcción de viviendas y para exigir una renta universal de emergencia de $600 mil pesos por lo que dure la pandemia.

Claudia Osorio, vocera de uno de los comités de viviendas de San Ramón expresó que los reclamos son por la “precariedad de la vida” y porque los bonos de ayuda ofrecidos por el Gobierno “no son para todos”. “Tenemos muchos pobladores que no tienen para sustentar su vida diaria“, dijo y exigió una renta básica universal “para poder sobrellevar esta pandemia realmente en cuarentena”.

“En segundo lugar exigimos un Plan Habitacional de Emergencia para destinar suelo sin uso a la construcción de vivienda social sin deuda, fijando un límite al precio de los terrenos para detener la especulación inmobiliaria y haciendo uso de la expropiación con fines sociales cuando sea necesario, tal como lo permite el estado de catástrofe en el que nos encontramos”, agregó Carolina Espinoza, otra de las voceras del movimiento.

Condenas por corrupción

Mientras se producían estas movilizaciones, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó condena contra 12 imputados, seis de ellos, funcionarios públicos del Minvu por delitos de corrupción y lavado de activos. La investigación se inició en 2018 pero los delitos comenzaron a realizarse bajo el gobierno de Bachelet, en 2015. Los acusados arreglaron licitaciones públicas para favorecer a algunas empresas que construían viviendas sociales.

La investigación imputó inicialmente a 21 personas, entre ellos, funcionarios públicos, jefes de proyectos informáticos, empresarios y a familiares de los involucrados. En el transcurso de la investigación se formalizó a 7 funcionarios públicos más.

Los 12 condenados recibieron penas desde 61 días a 5 años de presidio por los delitos de fraude al fisco, cohecho y lavado de activos. Todos cumplirán en libertad. En total, en cuanto a multas, deberán pagar 34 millones de pesos. Un chiste para las millones de familias trabajadoras chilenas que viven allegadas. Según cifras oficiales al 2017 hay una déficit de casi medio millón de viviendas.

Por operaciones corruptas con el mismo modus operandi al del Minvu se indaga a otras dependencias del Estado como el Ministerio de Educación, la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Prevención del Delito. 

En todas estas reparticiones el mecanismo era el mismo: los funcionarios hacían las bases de licitación para que se ajustaran a la empresa favorecida o bien llenaban ellos mismos las fichas técnicas de postulación, o calificaban favorablemente a la empresa si eran parte de la comisión evaluadora.