La pandemia ha trastornado millones de vidas en todo el mundo. Incluidos los eternos postergados: los privados de libertad. La amenaza de contagio ha traído graves consecuencias para la población carcelaria. El saldo es de muertos, fugas, riñas y motines. ¿La razón? Las prisiones son un caldo de cultivo para que se generen contagios con altas tasas de incidencia de enfermedades infecciosas, tales como influenza, tuberculosis, VIH, hepatitis B y C entre otras. Y sí, los presos en Chile también quieren sobrevivir al COVID-19.
Las estadísticas del 2020 no son auspiciosas. Ya van 6 grandes protestas en distintos recintos penitenciarios de la Región Metropolitana:
Primero, el 18 de marzo. Ese día Piñera decretó estado de excepción. Gendarmería, en coordinación con carabineros y PDI, habrían frustrado un intento de fuga masiva desde el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1. Familiares e internos en redes sociales, aclararon que eran protestas ante la falta de claridades de lo que ocurriría en caso de contagios masivos.
Segundo, en la noche del 18 y madrugada del 19 de marzo. Las mujeres internas del Centro Penal Femenino (CPF) San Miguel, se revelaron ante el anuncio de traslado de sus hijos lactantes hacia el exterior del recinto. Con familiares o, en su defecto, a hogares de SENAME, frente la amenaza del coronavirus. Al día siguiente, Gendarmería desmintió dicha medida.
Tercero, el 29 de marzo un incendio afectó al menos dos torres del CDP Puente Alto. Según medios oficiales, originados por un intento de motín. En oposición, medios populares, organizaciones y familiares informaron que, ante el primer caso de COVID-19 en el penal, se provocó una manifestación masiva por las nulas medidas de salubridad.
Cuarto, el 19 de abril se registraron nuevos desórdenes en CDP Puente Alto. ¿Las causas? Falta de soluciones para tratar al número incierto de contagiados. Exigencia de aplicación inmediata de los indultos conmutativos decretados días antes por Piñera, con el objeto de que internos en riesgo cumplan sus medidas y condenas en sus hogares.
Quinto, el 22 de abril gendarmería informó que, tras un intento de fuga y toma de rehenes en CDP Puente Alto, debió actuar gatillando la reacción de la población penal. Una vez más, familiares y videos de los internos negaron esta versión. Y sostuvieron que hubo manifestaciones tras el explosivo aumento de contagiados, los que habrían superado los 150 en menos de un mes.
Sexto, mañana del 14 de mayo. El Ministro Mañalich hacía pública la segunda cifra más alta de nuevos contagios (2.659 casos). En el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Colina 1 ocurría un nuevo enfrentamiento. Gendarmería intentó un nuevo allanamiento. El resultado: rechazo generalizado de toda la población penal. Organizaciones y familiares confirmaron que el conflicto partió porque gendarmería intentó trasladar a un grupo de internos a un módulo de aislamiento de contagiados, rompiendo sus propios protocolos.
Las revueltas relatadas son consecuencia de la realidad carcelaria nacional. Sus condiciones para el contagio son ideales. Sobrepoblación y hacinamiento. Nulo acceso a agua potable. Alcantarillados reventados. Plagas de vinchucas, chinches y ratones. Falta de atención médica especializada. Incluso sin enfermería. Ni hablar de atención en salud mental. Más de quince horas diarias de reclusión. Y una serie de vulneraciones graves como humillaciones, riñas, violaciones y torturas diarias. Las cárceles chilenas lideran, a nivel continental, la mayor cantidad de asesinatos en recintos penitenciarios.
En un escenario de muertes no declaradas y cesantes en alza, los presos en Chile no generan titulares. Ya eran vidas descartables antes de la pandemia. Un subproducto de los embates del capital. Una población que se afirma de las ilusiones del sistema. Se ven impulsados a dañar a su clase para sentirse validados. Será que, finalmente, en este régimen ¿todo preso es un preso político?