Sename: el infierno que no debemos olvidar

La misión del Servicio Nacional de Menores (SENAME) es “contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. La realidad es muy distinta. Nuevos antecedentes de negligencia, abuso y vulneraciones de todo tipo confirman el desinterés de la institucionalidad en los menores. La niñez es para gobiernos y partidos sólo un botín para explotar y reprimir. La crisis de SENAME saltó a la luz pública tras la muerte de Lissette Villa. La menor de 11 años de edad falleció un 11 de abril del 2016, en el Centro Galvarino, comuna de Estación Central. La causa de la muerte: “asfixia por sofocación”. Fueron formalizadas 8 personas. Dos de ellas acusadas por el delito de tortura. Lo anterior dio paso a un 1er. informe de Fiscalía Nacional que reportó un total de 1.313 niños fallecidos entre 2005 y 2016. Un 2do. informe de la PDI reveló más de 2 mil vulneraciones graves en todos los hogares, públicos y privados, durante el 2017. Ambos reportes demoraron un año en salir a la luz pública por censuras hechas durante las administraciones de Bachelet y Piñera. El segundo gobierno de Piñera responde el 2018 con un gran acuerdo nacional por la infancia que reunió a todas las bancadas. Al 1° semestre del 2019 sólo se había trabajado el 50% de lo propuesto. ¿Entre lo resuelto? Aumentar en un 25% el presupuesto a organismos privados (cuyos directivos están vinculados a partidos políticos). Dicho sector se lleva más del 70% del presupuesto para infancia. Entretanto, continúa postergada la creación de una ley general que proteja a todas las niñeces del país. Desde el 18 de octubre, el “gran acuerdo” se mantiene estancado. En abril, SENAME suma 3 nuevos hitos. Primero, en el contexto de las movilizaciones más de mil menores…

La misión del Servicio Nacional de Menores (SENAME) es “contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. La realidad es muy distinta. Nuevos antecedentes de negligencia, abuso y vulneraciones de todo tipo confirman el desinterés de la institucionalidad en los menores. La niñez es para gobiernos y partidos sólo un botín para explotar y reprimir.

La crisis de SENAME saltó a la luz pública tras la muerte de Lissette Villa. La menor de 11 años de edad falleció un 11 de abril del 2016, en el Centro Galvarino, comuna de Estación Central. La causa de la muerte: “asfixia por sofocación”. Fueron formalizadas 8 personas. Dos de ellas acusadas por el delito de tortura. Lo anterior dio paso a un 1er. informe de Fiscalía Nacional que reportó un total de 1.313 niños fallecidos entre 2005 y 2016. Un 2do. informe de la PDI reveló más de 2 mil vulneraciones graves en todos los hogares, públicos y privados, durante el 2017. Ambos reportes demoraron un año en salir a la luz pública por censuras hechas durante las administraciones de Bachelet y Piñera.

El segundo gobierno de Piñera responde el 2018 con un gran acuerdo nacional por la infancia que reunió a todas las bancadas. Al 1° semestre del 2019 sólo se había trabajado el 50% de lo propuesto. ¿Entre lo resuelto? Aumentar en un 25% el presupuesto a organismos privados (cuyos directivos están vinculados a partidos políticos). Dicho sector se lleva más del 70% del presupuesto para infancia. Entretanto, continúa postergada la creación de una ley general que proteja a todas las niñeces del país. Desde el 18 de octubre, el “gran acuerdo” se mantiene estancado.

En abril, SENAME suma 3 nuevos hitos. Primero, en el contexto de las movilizaciones más de mil menores fueron detenidos en el país. La directora del Servicio Susana Tonda firmó en febrero un convenio con la Agencia de Inteligencia Nacional (ANI), hoy de dominio público. ¿El sentido de este convenio? Facilitar a la ANI acceso a información de SENAME que sea considerada relevante para la seguridad de la nación. La presión de las y los trabajadores del Servicio y de las colaboradoras impidió la consumación de la infamia. El convenio debió anularse.

Segundo, a pesar de los presuntos protocolos de salud diseñados entre la Dirección Nacional de SENAME y el Ministerio de Salud, en las cárceles y residencias, trabajadores y trabajadoras han iniciado la demanda de implementos de seguridad. Denuncian, asimismo, la falta de transparencia en la trazabilidad de los casos con COVID-19 entre niños y funcionarios, siendo estos centros focos de contagio. En opinión de muchos de los funcionarios del Centro de Internación Provisoria San Joaquín (la cárcel más grande de SENAME a nivel nacional), “el objetivo de bajarle el perfil a los contagios que están sucediendo es intentar mostrarse bien públicamente aunque eso signifique el que nosotros y los jóvenes paguemos con nuestra salud y nuestras vidas”.

El tercer hito ocurrió en la comuna de Hualpén, Región del Bío Bío. La directora del Hogar “Nido de Concepción” de Fundación Luis Amigó, Evelyn Oñate, está siendo procesada por los delitos de violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil. Dicha acción legal indica que la directora “permitió y facilitó la comisión de delitos sexuales contra al menos dos niños, de seis y ocho años, por parte de donantes, que accedían a abusar de los niños a cambio de aportes al recinto”. En un comunicado público funcionarios y funcionarias de SENAME señalan: “se instala una vez más la necesidad y urgencia de discutir y crear una Nueva Política de Infancia, con una discusión amplia de todos los sectores, donde sea el Estado y no el sector privado, el que asuma un rol protagónico en la administración y ejecución de las tareas de protección de niños, niñas y adolescentes donde se aleje, definitivamente, la sombra del lucro de esta labor”.

“Tres cosas aún conservamos del paraíso, las estrellas, las flores y los niños”, cantaba Dante Alighieri. Toda esta historia de horror y agravios supera su descripción del averno. La crisis del SENAME está inconclusa. Los responsables aún a cargo. Nada ha cambiado. Nuestros niños y niñas aún esperan. No nos está permitido olvidar.