Denunciar públicamente las violaciones a los DDHH de parte de Carabineros desde el 18/10 era el objeto de la convocatoria realizada por asambleas y pobladores del territorio de La Florida para el lunes 27 de abril. En ese escenario, antes de iniciarse el toque de queda, alrededor de las 21:30 horas, desde un vehículo civil, se percutió una serie de disparos que impactaron de manera directa en brazos, piernas, abdomen, caderas, manos y tórax en al menos una decena de manifestantes. Esos son los hechos.
Esa mañana, durante la conmemoración del 93 aniversario de la institución, el Director General Mario Rozas se quejaba: “No entiendo el odio hacia Carabineros… es como si fuésemos opresores de la sociedad civil”. Horas más tarde, el cabo 1ro. Robert Sepúlveda Guzmán y el Sargento 2do. Juan Solís Parra, ambos pertenecientes a la Prefectura de Tránsito y Carreteras, protagonizaban una balacera. ¿Las víctimas? Pobladores de la comuna de La Florida que eran parte de la convocatoria.
Las justificaciones corrieron de cargo de Bassaletti, Jefe de Zona Metropolitana Este: “Estos funcionarios se encontraban compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas”. Conforme a esta línea argumentativa, deberíamos entender que el acto “no tiene nada que ver con un hecho institucional, sino que obedece a responsabilidades individuales de los funcionarios”. Un argumento impresentable dado el contexto.
La Agrupación de Víctimas y Familiares del atentado ejecutado por Carabineros, expuso en un comunicado: “Exigimos la salida de Mario Rozas de su cargo, cárcel efectiva para los carabineros que dispararon contra el pueblo y que queden en prisión preventiva mientras dure la investigación”. Interpondrán además una querella criminal por los delitos de homicidio calificado frustrado.
Pobladores, asambleas territoriales y organizaciones populares de la comuna realizaron éste 28 de abril protestas y denuncias públicas repudiando el crimen.
“Este hecho no hace más que ratificar que esta es una institución, avalada por el gobierno de Sebastián Piñera, cuyos funcionarios no respetan los derechos humanos de las personas y menos nuestro legítimo derecho a manifestarnos”, concluyó la Coordinadora de Asambleas de La Florida.