La máquina de la impunidad ha echado a andar sus engranajes, nuevamente. Así lo demuestran los hechos: el 2 de abril, a propósito del veto aditivo al proyecto de indulto conmutativo, una iniciativa para descomprimir las cárceles y proteger de la pandemia a la población penal, el Presidente le puso discusión inmediata a la “ley humanitaria”; que busca que los condenados por cualquier delito, que se encuentren con una enfermedad en fase terminal, que sean mayores de 75 años y que hayan cumplido a lo menos la mitad de su condena, puedan terminarla con arresto domiciliario. Hecha la ley, hecha la trampa, dice el dicho. Y está claro que lo que se busca es beneficiar a condenados por delitos de lesa humanidad, “los abuelitos de Punta Peuco”.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso la semana pasada. Pero hoy 13 de abril ha sufrido su primer escollo, ya que la Comisión de Constitución del Senado rechazó la idea de legislar en este sentido.
En otro escenario, pero en la misma dirección, la semana pasada, la VIII Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó la sentencia de primera instancia del Ministro de Fuero Leopoldo Llanos contra 17 ex agentes de la DINA, absolviendo a 6 de ellos y conmutando sus penas a otros 11, de tal manera de permitirles acceder al beneficio de la libertad vigilada.
No está en discusión que los principios en materia de violación a los DDHH y crímenes de lesa humanidad, internacionalmente reconocidos, recogidos en diversos tratados, muchos de ellos sancionados por Chile, se han visto violentados con ese fallo y lo serán aún más en el futuro con la famosa “ley humanitaria”, de llegar a aprobarse.
Las maquinaciones del poder, tejen redes que van más allá de este fallo y de la “ley humanitaria”, y ofenden gravemente el sentido de justicia de un pueblo. Por más que el Presidente Piñera tuerza interesadamente los valores del humanismo y el cristianismo en su defensa. La vejez no otorga honor, ni es un atributo que dote por sí mismo de humanidad y exculpe de sus crímenes a los asesinos condenados de Punta Peuco.
Lo que conviene desentrañar, es qué entendemos por justicia, de qué naturaleza es esta conjura que impone como método la impunidad, quiénes son sus responsables, y quiénes le pondrán punto final.