US$ 25 mil millones, es el saldo negativo que arrojó el mes de marzo para los fondos de ahorros previsionales de los trabajadores chilenos, según datos de la Superintendencia de Pensiones (SP). Resultados que no se veían desde el cuarto trimestre del 2008, cuando la crisis subprime llegó a su peak.

Todos los fondos se fueron a pique, desde los más riesgosos, como el A y el B que arrojaron pérdidas trimestrales por 17,02% y 14,22%, respectivamente; mientras el fondo C perdía un 11,64%. Los fondos D y E, llamados conservadores, tampoco se salvaron, exhibiendo pérdidas en orden de un 9,64% y un 4,81%.

“Lo que hemos visto en los últimos meses, y en especial en las últimas tres semanas, evidencian que no existe esquema predeterminado de inversión que pueda garantizar una rentabilidad definida, ni un modelo de traspasos de fondos masivos que pueda asegurar el curso de los precios del mercado”, opina la SP, lo que es lo mismo que decir “sálvese quien pueda”, o “nosotros hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero todo está perdido”. La pregunta es ¿para quién todo está perdido?

En medio de la crisis económica todos los gobiernos se están metiendo la mano al bolsillo con millonarios planes fiscales. En Chile, el objetivo principal es (¡prepárese!): no ir al rescate de los fondos previsionales de los trabajadores, afectados por el derrumbe de los mercados, y por ende el futuro de sus pensiones; sino al rescate de las grandes empresas y el capital financiero, independiente de los discursos y declaraciones de intenciones.

El objetivo, en definitiva, para este gobierno, es no permitir que los millonarios capitales que las AFPs han conseguido acumular mediante el saqueo a los trabajadores, de propiedad de los grandes grupos económicos, como Consorcio (AFP Planvital), la Cámara Chilena de la Construcción y el Grupo Prudential (AFP Habitat), Metlife (AFP Provida), el grupo Principal (AFP Cuprum), el grupo Navarro (AFP Modelo), y el grupo Empresarial Antioqueño de Colombia (AFP Capital) se pierdan. El hecho del derrumbe de las empresas en las cuales estas AFPs han invertido sus capitales adquiere entonces otra connotación. En tal perspectiva, las medidas económicas en apoyo de estas empresas, de carácter crediticio, tributarias, y la guinda de la torta, la ley de protección al empleo y el consiguiente saqueo de los ahorros a las cuentas individuales de cesantía de los trabajadores, que el gobierno de Piñera ha colocado sobre la mesa, no son sino beneficios para los grandes grupos económicos.

La quiebra de las grandes empresas, que arrojaría a miles de trabajadores a la calle, no es su preocupación inmediata, aunque el costo político sea impredecible; sí la pérdida de dichos capitales, y el perjuicio para sus dueños.