La última vez que se convocó al Consejo de Seguridad Nacional fue el 8 de noviembre de 2019, en medio del levantamiento popular iniciado en octubre de ese año. El entonces presidente Sebastián Piñera esperaba obtener el respaldo de los poderes del Estado, que incluyen, por cierto, a su poder militar y policial.

En ese momento, desesperado, se proponía decretar un nuevo estado de excepción para reprimir las movilizaciones populares. La reunión con el presidente de la Corte Suprema, los titulares de ambas cámaras del Congreso, el contralor, y los jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros no anduvo bien.

El entonces contralor, Jorge Bermúdez, señaló que la convocatoria del Cosena era contraria a la constitución, porque sólo procede en casos de peligro a la seguridad nacional.

El comandante en jefe del Ejército de ese momento, el general Ricardo Martínez, señaló que las Fuerzas Armadas estaban para la defensa exterior del país, y no para tareas policiales.

El presidente de la Corte Suprema declaró que la condición previa “para el restablecimiento de la paz” era que se dejaran de violar los derechos humanos.

Y los representantes del Legislativo, el senador PPD Jaime Quintana y el diputado DC Iván Flores, indicaron que no podía decretarse un nuevo estado de excepción y que el gobierno debía adoptar medidas sociales en salud y con respecto al salario mínimo.

La idea de una nueva constitución, que pocos días después sería el objeto de un gran acuerdo de los partidos del régimen, fue apenas mencionada una vez, por Piñera, en una rápida referencia; el diputado Flores le respondió que el parlamento ya había iniciado “cabildos” al respecto y que lo mejor sería que el gobierno “tomara ese desafío”.

Sólo los comandantes en jefe de la Armada y de la Fach evitaron oponerse de manera abierta los planes de Piñera, que no pudo sino concluir que su gobierno estaba en una condición de máximo aislamiento y debilidad.

Esa va a ser, también, la conclusión del intento de Gabriel Boric de revivir las “instituciones” pinochetistas.

El Cosena, bajo la constitución del ’80, buscaba consagrar y legalizar el poder político autónomo -y superior- de las Fuerzas Armadas por sobre las autoridades democráticas. En las reformas acordadas entre la derecha y la Concertación en 2005, se limitó esa función, pero el Cosena se mantuvo.

De ese modo, se permite que instituciones que no deben intervenir en las decisiones políticas de los mandatarios democráticos, como el Poder Judicial y la Contraloría, hagan exactamente eso. Y se abre la puerta para que organismos subordinados al poder civil, las Fuerzas Armadas, le presenten a ese mismo poder sus “opiniones y comentarios”. Opiniones y comentarios que, se supone, no tienen, porque su papel es cumplir, no discutir, las instrucciones del gobierno y con la ley.

Ahora, se informó se trata, justamente, de discutir sobre una ley que -aún- no existe, la de infraestructura crítica, que busca imponer, por una vía encubierta, una militarización de la represión del Estado, complementándola, si se dan las circunstancias y los supuestos jurídicos, por el balazo limpio. Todo legal.

Y hay cosas que discutir, por supuesto: las Fuerzas Armadas exigen una amnistía previa y total para todos los asesinatos y torturas que puedan realizar en el resguardo de la “infraestructura”. De lo contrario, plantean, no les vale la pena salir de sus cuarteles. Es lo mismo que le hicieron ver a Piñera, un par de días después de la malograda reunión del Cosena en noviembre de 2019.

El hecho de que el actual gobierno “liberal-progresista”, el uso de las comillas se vuelve necesario, llame al Cosena ahora, indica probablemente una cosa: que ahora está dispuesto a dar esas garantías.

Y es el reflejo de que recibió el mensaje de quiénes realmente cuentan en este país. Y esos no son los que propalan las fantasías pinochetistas de “mano dura”, diputados, alcaldes, trolls diversos de redes sociales, sino la Sociedad Nacional de Agricultura y los gremios camioneros. Estos se reunieron durante esta semana con las autoridades de gobierno y presentaron sus exigencias: control militar en las carreteras y los centros de distribución.

Según declararon los mismos representantes de esas entidades, la recepción a sus exigencias fue “muy positiva”.

Era que no.