Así como los indultos a favor de 11 presos del levantamiento popular no terminaron con la prisión política en Chile, los propios indultados siguen siendo perseguidos, aun fuera de la cárcel. El Tribunal Constitucional resolverá sobre la validez de la conmutación de la pena.
El Tribunal Constitucional está tan desprestigiado que hasta el súperchanta “comité de expertos” del megatrucho “proceso constitucional” se ha dado cuenta. Una de sus primeras decisiones muy preliminares fue acordar un rebranding. En el futuro, esperan, se llamará “Corte Constitucional”; eso sonaría mejor que la marca actual. Al menos, eso creen.
El miércoles pasado, el tribunal escuchó los argumentos en contra de los indultos a doce presos políticos, a raíz de un requerimiento presentados por senadores de la derecha y los ex DC Rincón y Walker.
Y entonces quedó claro por qué esos magistrados, ni los procedimientos que se realizan ante él, no concitan ningún respeto.
Es que muchos de sus ministros les falta algo más que una chaucha para el peso. Es cosa de ver, por ejemplo, José Ignacio Vásquez, la estrella de la derecha entre los miembros del tribunal. Aunque, si se piensa bien, más que “estrella”, habría que llamarlo “el lado oscuro de la luna”, porque, de brillar, no brilla mucho.
Luego de escuchar los alegatos, a Vásquez le surgió una duda muy importante.
Con voz grave y pausada, casi majestuosa, Vásquez inquirió al representante del gobierno: “usted ha hecho referencia al contexto del estallido social… Me llama la atención de que hay un decreto”, agregó ominosamente, “el del señor Mateluna, en que no se menciona el contexto del estallido social… ¿me podría explicar esta disparidad en la argumentación?”
“¡Ahí quedaste!”, debe haber pensado Vásquez cuando se hizo un súbito silencio en la sala.
Pero, claro, el hecho de que una cosa ocurrió en 2019 y la otra, la condena a Mateluna, seis años antes, por lo que el contexto no podría ser el mismo, simplemente no le entraba en la cabeza a esto genio jurídico.
Por lo visto, tampoco comprendió o, simplemente, no leyó, los requerimientos presentados, la respuesta escrita del gobierno y… los diarios.
Y menos entendió lo que, poco antes, había explicado el abogado del Consejo de Defensa del Estado: que los indultos objetados se dividen en dos grupos, el de los presos del estallido, y el otro, el que los que no lo fueron, es decir, el caso de Jorge Mateluna.
Ese es el nivel del Tribunal Constitucional.
El antiguo dilema de si una persona es tonta o mala, en el caso de estos jueces queda resuelto de manera armónica: son las dos cosas a la vez.
Y ante ese órgano los presos indultados, de mala gana y sin convicción, por el gobierno, se juega ahora su libertad.
Pero no sólo ahí.
En distintos medios de comunicación han lanzado una campaña de persecución en contra de los presos liberados. Coincidentemente, aparecieron “informes” de Carabineros y de Gendarmería. Su contenido es banal, pero los objetivos de su publicación son claros: justificar la reversión de los indultos.
Sospechosamente, uno de los ministros, Cristián Letelier, un oscuro operador de la UDI que, gracias a un golpe de suerte, se convirtió en diputado sin haber sido elegido (en reemplazo de otro parlamentario) y que de ahí saltó al Tribunal Constitucional, pidió los antecedentes de una solicitud de indulto, presentada a inicios de año, para “mejor resolver”. Muy raro.
Los reclamos constitucionales contra los indultos presentados por la derecha son una ensalada de argumentos improcedentes, irracionales, injustos y, en última instancia, imbéciles.
Pero, la experiencia lo muestra, por eso mismo, este tribunal puede fallar a su favor.